EUCAR Ciudades UE contra la radicalización
EUCAR Ciudades UE contra la radicalización
Un pacto europeo de alcaldes comprometidos con la prevención de la radicalización se vislumbra como la herramienta capaz de responder a una necesidad en innumerables ocasiones abordada en los últimos años por instituciones europeas especializadas en la medición de esta amenaza.
Nombraremos a continuación algunos de los informes y recomendaciones elaborados recientemente y que sin duda sirven de paraguas a esta iniciativa, que se defenderá en las próximas páginas de forma analítica en el presente informe bajo la herramienta DAFO. (Detección de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)
Comenzaremos recordando que en diciembre de 2018, el Pleno de Estrasburgo aprobó las recomendaciones que el Comité Especial de Terrorismo había recogido en este documento y que prevenía de los riesgos que representa actualmente la presencia de ciudadanos europeos radicalizados dentro de nuestras fronteras y, en algunos casos, con experiencia militar demostrada adquirida tras su paso por zonas de combate. El Parlamento Europeo había respaldado el citado informe del Comité Especial de Terrorismo como un texto imprescindible para abordar esta amenaza de forma multidisciplinar. Dicho informe era el resultado de un exhaustivo análisis realizado desde septiembre de 2018 y que centró sus esfuerzos en la recopilación de los esfuerzos realizados por los Estados miembro en su batalla contra la amenaza terrorista.
Desde AWARE creemos firmemente que esta batalla no será eficaz si el pilar preventivo no adquiere un papel protagonista en las agendas de las ciudades que conforman Europa. Un enfoque local y comprometido que conecte de forma transversal las iniciativas puestas en marcha por los municipios vecinos e incentive la búsqueda de retos comunes en la lucha contra la radicalización violenta desde sus bases. Esto es, un pacto entre alcaldes europeos con la firme convicción de que el intercambio de prácticas en defensa del tejido social y de los valores europeos frente a los discursos del odio será una herramienta eficaz de impermeabilidad ante la amenaza que nos concierne.
Si remontamos a la Estrategia revisada de la Unión Europea para luchar contra la radicalización y la captación de terroristas, que el Consejo dirigió al COREPER (Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea) en mayo de 2014, vemos que entre los diez apartados abordados por el Consejo se encuentran recomendaciones que pueden implicar de forma directa a los ayuntamientos en la firma de este pacto
europeo. Destacaremos tres recomendaciones del citado informe ya que respaldan esta misma línea de actuación, y aportaremos una reinterpretación posible que podría servir de adaptación de estas medidas dentro de dicho pacto:
1) Formar, capacitar e involucrar a profesionales de primera línea en distintos sectores
Un pacto entre alcaldes contra la radicalización violenta y en defensa de los valores democráticos permitiría la sincronización de sesiones de formación de personal en contacto directo con la población más vulnerable.
2) Ayudar a la sociedad civil a mejorar su capacidad de resistencia
Ese compromiso entre líderes locales también haría posible la expansión de un aprendizaje basado en la resiliencia. Resistir a la polarización de la sociedad educando a esta en el respeto y en la tolerancia de las diferencias permite construir un tejido social sólido, capaz de resistir a eventuales discursos de odio externos.
3) Garantizar que la voz de la opinión mayoritaria prevalezca sobre el extremismo.
Directamente vinculado al apartado anterior, este objetivo del citado informe del Consejo debe convertirse en una de las metas del plan de acción al que los firmantes deberán adherir, y que se especificará en las siguientes páginas dentro del presente documento.
También este pacto respondería al llamamiento realizado en junio de 2016 por la Comisión, dirigido al Parlamento, al Comité Económico y Social Europeo y al comité de las Regiones. Esta comunicación, centrada en la definición de los esfuerzos que Europa debe realizar a diversos niveles para proteger a su sociedad del extremismo violento, está dividida en seis apartados. Centraremos nuestra atención en aquellos que más relevancia tienen para la creación de un compromiso común contra la radicalización entre ayuntamientos europeos. Estos dos apartados pueden, sin duda, servir de guía para la elaboración de los objetivos comunes de los alcaldes firmantes, en tanto en cuanto responden a las consignas de instituciones europeas en aras de la creación de una sociedad crítica y resistente a la fractura social.
1) Fomento de la educación inclusiva y defensa de los valores democráticos
2) Fomento de una sociedad abierta
Las citadas recomendaciones provenientes de instituciones europeas y grupos de expertos, así como los textos que se abordarán en el presente documento deben servir de base para reunir en un Pacto de Alcaldes a los gobiernos locales que de forma voluntaria deseen contribuir a un compromiso común: alcanzar los objetivos que la Unión Europea ha fijado en los últimos años en materia de prevención de la radicalización violenta.
En este informe se recoge un paquete integrado de metas comunes a instaurar en los ayuntamientos que se comprometan a la firma del Pacto. A través de siete objetivos que se detallarán a continuación, las ciudades se comprometen a implementar estas metas dentro de las políticas locales como medidas complementarias, diseñadas como herramientas para asegurar la aplicación de estos ayuntamientos de sus planes estratégicos contra la radicalización violenta.
Los siete objetivos han sido diseñados previo estudio de los factores que se han detectado en los procesos de radicalización violenta entre jóvenes europeos en los últimos años. Todos ellos hacen referencia, además, a recomendaciones de expertos o comunicaciones emitidas desde instituciones europeas, que han detectado las mejoras a realizar a escala local para prevenir la radicalización. La elección de los siete objetivos responde a la intención de servir como guía de compromisos.
El plan de viabilidad ha sido elaborado con la intención de detectar las amenazas y las debilidades de un proyecto de estas características, especialmente en lo que concierne al mantenimiento del tejido social. Una vez señaladas, se propone en el apartado CONCLUSIONES una serie de medidas para transformar estos factores en oportunidades. Son medidas que anticipan las problemáticas que podrían surgir de estas variables, de tal modo que el Pacto de Alcaldes se convierte en un proyecto viable, en tanto en cuanto las Fortalezas y las Oportunidades, unidas a las medidas de resolución de los factores de riesgo nombrados, potencian sus posibilidades de éxito.
Se estima que el plazo inicial de duración de este Pacto debería de fijarse en un periodo de cuatro años, acorde a la duración estimada de Planes Estratégicos Nacionales contra el Terrorismo como el español, recientemente actualizado desde su aprobación en 2015. Tanto la amenaza de la radicalización violenta como el potencial éxito de los planes puestos en marcha a través de este Pacto para paliarla, necesitan de un periodo lo suficientemente significativo para proceder a la medición de su utilidad en la materia. Por este motivo, y a pesar de que la amenaza continuará existiendo durante los próximos años, se estima necesario adaptar este Pacto a la mutación de la amenaza, y en consecuencia, a la transformación de las directivas que desde las instituciones europeas vayan produciéndose.
La cifra estimada de ciudadanos europeos inmersos en un proceso de radicalización violenta ascendía en marzo de 2018 a 30.000 personas, según los datos facilitados por Europol a través de su director, Rob Wainwright. Solo en Francia, y según los datos facilitados por el gobierno, de los cerca de 20.000 individuos que figuran en los ficheros S (seguridad del Estado), algo más de la mitad (en torno a 12.000) figurarían en dicha lista por motivos ligados a un proceso de radicalización de etiología yihadista.
Este primer objetivo del Pacto debería tener como base una de las acciones impulsadas por la Comisión para reforzar los esfuerzos en materia preventiva. Se trata de la decisión del 17 de julio de 2017 de la Comisión europea centrada en la creación de un Grupo de Expertos de alto nivel sobre Radicalización. El asesoramiento sobre las distintas maneras de incentivar la cooperación entre instituciones europeas debe sin duda servir de ejemplo de coordinación, sin la cual una respuesta conjunta a unas amenazas comunes no sería posible.
Entre las múltiples tareas de este Grupo de Expertos se encontraba la misión de elaborar una lista de recomendaciones de actuación ante la amenaza del extremismo violento, y el resultado fue un informe que vio la luz en mayo de 2018 y que analizó de forma detallada la amenaza actual estructurándola en cinco ejes. Nos centraremos en las consideraciones que en este se llevan a cabo en lo relativo a la polarización, puesto que es imperativo argumentar la pertinencia del Pacto de Alcaldes por la prevención a través de voz de los expertos en esta materia. Destacaremos para este primer objetivo el apartado que este informe del HLCEG-R dedica a la Polarización de las sociedades.
La existencia de la polarización en el seno de las sociedades europeas, a través de agentes radicalizadores inmersos dentro de determinados municipios o a través de la banalización de discursos de odio en espacios públicos, ha supuesto sin lugar a dudas un facilitador de la difusión del mensaje extremista. Y ello, a su vez, ha servido de plataforma capaz de expandir ideales que han hecho posible, aunados con otros factores catalizadores de los que hablaremos en las siguientes páginas, la expansión de la ideología yihadista como telón de fondo de un proceso de radicalización violenta.
El Pacto de Alcaldes debe de tener en cuenta las recomendaciones que el Grupo de expertos emite en este informe en lo relativo al compromiso común a adquirir por los Estados miembros en materia de protección de la población de estos discursos de odio. Las conclusiones a este respecto afirman que se recomienda una visión general de los enfoques y de las prácticas de los Estados de la UE en lo relativo al compromiso “con líderes religiosos, comunidades e instituciones, así como la financiación y el seguimiento de aquellos que difunden la ideologías extremistas de tinte islamista”.
Se pedía así a la Comisión que pusiese en práctica un sistema de intercambio y traspaso de información fluida entre los diferentes Estados capaz de sintetizar las experiencias de cada uno de los países con las comunidades más vulnerables a esta amenaza, y, además, contribuir de forma conjunta a la elaboración de programas de abandono de la violencia (o programas de “desradicalización”). El HLCEG-R proponía que, en colaboración con la Comisión, los Estados miembro se implicasen directamente en la prevención explorando conjuntamente las posibilidades de llevar a cabo acciones en el contexto religioso; esto es, estudiando la formación de los líderes religiosos que difunden la religión musulmana dentro del territorio de la Unión Europea, aplicando un seguimiento conjunto y coordinado de las instituciones religiosas, si las hubiere, que difunden discursos contrarios a los valores democráticos y/o cercanos a los discursos de odio.
El Pacto debe incluir un compromiso grupal de inversión local y seguimiento conjunto de financiación en el ámbito educativo de los profesionales en contacto continuado con jóvenes, siendo la adolescencia una edad clave en la formación identitaria y por ende, un periodo vital de riesgo. Este segundo objetivo impulsa los logros del anterior, el relativo al descenso de adeptos europeos a ideologías extremistas. Los ayuntamientos firmantes deben, por lo tanto, comprometerse a través de su presencia en el Pacto con la financiación de programas de formación en la comunidad educativa.
En efecto, el Pacto debe contribuir al mantenimiento de la paz social a través de una búsqueda común de programas de formación de profesorado en materia de prevención, así como de otros profesionales en contacto directo en lo relativo a la sensibilización de la radicalización violenta como amenaza del tejido social.
A este respecto, también existen recomendaciones específicas provenientes del informe elaborado por el High-Level Commission Expert Group on Radicalisation (HLCEG-R), que dedica un apartado al análisis de las necesidades en materia de Educación e Inclusión social, argumentando que un trabajo preventivo en esta materia es imperativo para la construcción de una sociedad resiliente ante los peligros de la captación de adeptos a ideologías violentas. Para ello, el informe relata sus recomendaciones estructuradas en la detección de los signos de la radicalización, y por este motivo considera de imperativa puesta en práctica por los Estados miembro la formación de aquellos que, por su contacto directo y cotidiano con los jóvenes más vulnerables, podrían interpretar e interrumpir un proceso de radicalización.
Consideramos que el Pacto de Alcaldes debería reflejar esta visión constructiva de una sociedad resiliente velando por la protección de los ciudadanos más expuestos a procesos de radicalización y, a su vez, vigilando la posible aparición de otras expresiones de la polarización, como la banalización de ideales de extrema derecha. Y esto, en concordancia con las observaciones que la Comisión, que (en esta ocasión a través del HLCEG-R) lleva a cabo en informes de diversa índole. Así, este segundo objetivo del Pacto de Alcaldes debe reposar en lacerteza de la utilidad de la inclusión social y la promoción conjunta e implacable de los municipios firmantes de los valores democráticos para conformar una Europa capacitada, desde sus bases locales, a hacer frene a las amenazas desde sus primeros signos.
Este estado embrionario de la amenaza se materializa en una observación cotidiana de parte de los profesionales del ámbito educativo, que deben velar por la apertura de un diálogo constructivo que aporte a los alumnos las herramientas intelectuales necesarias para combatir de forma crítica (individualmente, pero también como un colectivo defensor de los valores europeos) la posible injerencia en su entorno de ideales extremos.
El Pacto de Alcaldes a este respecto debe de impulsar la puesta en común de estas herramientas (tales como eTwinning) para promover conjuntamente los valores de la Unión en la construcción de debates de esta índole. Es imperativa la puesta en común, por parte de los alcaldes firmantes, de las plataformas a utilizar por los centros educativos concernidos, con la finalidad de aunar las prácticas y elaborar en un futuro con mayor precisión una comparativa de resultados.
El Pacto debe sin duda impulsar, como se abordará en el estudio de viabilidad durante las siguientes páginas, una mejora en la comunicación entre diferentes ciudades en lo relativo a todas las iniciativas puestas en práctica en Europa. La transparencia en lo que concierne a los fondos destinados a cada uno de los programas, el costo de las acciones locales (por ínfimas que estas puedan parecer a escala nacional o internacional), será vital para la construcción de un sistema de transmisión de conocimientos entre los diferentes ayuntamientos.
Estas acciones deben ser impulsadas por los Ayuntamientos pero es necesario que impliquen desde su origen y de forma directa a las poblaciones concernidas, para concienciar a los ciudadanos europeos, a través de una sensibilización constante, de la existencia de amenazas de sencilla identificación a nivel local, en sus fases embrionarias, (polarización, defensa de discursos violentos, expresión de signos de recrudecimiento de un discurso religioso), y de compleja resolución a niveles superiores.
Las comunicaciones, resoluciones e informes del Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo que han visto la luz en los últimos años vinculados a la lucha contra el terrorismo han transmitido en todo momento unanimidad en lo relativo a la necesidad de continuar realizando esfuerzos en materia de transmisión de conocimientos.
Si citamos las recomendaciones del HLCEG-R en esta materia, vemos que entre las sugerencias para lograr la construcción de una sociedad resiliente no solo se haya la necesidad de compartir experiencias exitosas en materia de prevención; también subraya la urgencia de comprender los conceptos de manera idéntica, abordar la terminología ligada a los procesos de radicalización (así como identificar de forma concisa y unánime las fases de estos procesos, los indicadores y las acciones a llevar a cabo en caso de encontrarnos con una materialización de los mismos).
Entre las recomendaciones específicas emitidas por este informe hallamos varias premisas emitidas por los expertos y que sin duda sirven hoy de argumento primordial para la creación del Pacto de Alcaldes contra la radicalización violenta. Se insta así a los Estados miembro, con el apoyo de la Comisión, a “facilitar la realización de un mayor número de estudios empíricos sobre los factores, vías y tendencias de la radicalización”. Del mismo modo, les incita a “explorar la utilidad y viabilidad del desarrollo de una comprensión común y compartida de los conceptos y los indicadores de la radicalización violenta”.
Las dificultades de este trabajo en común no son, ni mucho menos, subestimadas en las citadas recomendaciones, puesto que se insta a la Comisión a tenerlas en cuenta a la hora de compartir los avances en esta materia, así como a “identificar y monitorizar y evaluar los signos y los riesgos de los procesos de radicalización”, y añade, “así como un análisis de los factores clave de la radicalización haciendo uso de la expertise de las redes europeas” si fuera necesario.
Estas conclusiones confirman la necesidad de un marco común que sin duda puede materializarse en este compromiso entre alcaldes. De este modo, y en concordancia con lo estipulado por las instituciones europeas en esta materia, las ciudades podrían al fin tener un protagonismo innegable de vigilancia y análisis continuos de los fallos estructurales que pueden contribuir, desde la escala local y de forma indirecta, al enquistamiento de la sociedad europea.
Los ayuntamientos firmantes deben comprometerse a facilitar al coordinador del Pacto los datos necesarios relativos a la forma de proceder en caso de experimentar a escala local y desde cualquiera de sus manifestaciones (social, familiar, educativa, laboral) un caso de polarización en el seno de su sociedad. Para ello, el Pacto debe incluir un compromiso de cada alcalde en la elaboración propia de una base de datos relativa a todas las informaciones útiles que un ciudadano debe de tener a su alcance en la localidad en cuestión en caso de enfrentarse de forma directa o colateral a cualquier peligro relacionado con el terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones.
Esto es, desde la facilitación o puesta en contacto del ciudadano con un equipo conformado exclusivamente para la sensibilización a nivel local en esta temática (recomendación a tener en cuenta como propuesta de compromiso de la firma del Pacto), hasta la facilitación de los contactos útiles en caso de enfrentarse a un peligro inminente.
Entre ambas fases se encuentra la relativa a la observación del proceso (signos de radicalización, forma de proceder en función del ámbito en el que se producen…) por lo que el ayuntamiento firmante también deberá elaborar un protocolo local a nivel familiar, social, educativo y laboral que le será de utilidad para incluir en el imaginario colectivo la movilización del personal frente a la radicalización en cada uno de estos contextos, y, a su vez, la puesta en común de estos indicadores y protocolos de actuación con el coordinador del pacto.
El coordinador debe de ser el encargado de aunar toda la información recibida, introducirla en un contexto local que explique las peculiaridades década ciudad y a su vez, incluirla en un plan común de alerta y vigilancia continuas.
Los ayuntamientos firmantes deben de comprometerse, además, a contribuir de forma activa en la creación de una plataforma común y una aplicación móvil multilingüe que logre interconectar los datos recogidos por el coordinador en lo referente a las formas de actuación, ordenadas por fases, cada una de las cuales responderá a un número determinado de indicadores o signos de radicalización violenta.
Esto es, el consenso en la conceptualización de este fenómeno y en la elaboración de un abanico de signos de polarización reaparece de nuevo en el debate gracias a este Pacto, y respondiendo de forma activa a las recomendaciones que tanto expertos como las instituciones europeas han pronunciado sin cesar en los últimos años.
Este objetivo podría llevarse a la práctica a través de un acuerdo de colaboración con el iniciativa EIP-SCC (European innovation partnership on Smart cities and communities), lanzada con el apoyo de a Comisión Europea, y que a través de la unión de pequeñas ciudades, empresas y proyectos de investigación locales trata de mejorar la vida urbana con el sustento de soluciones integradas.
Entre los objetivos de este proyecto hallamos la búsqueda incesante de proyectos innovadores que permitan a diversos sectores de la sociedad participar en la gestión de la ciudad. Por este motivo, la creación de una plataforma y aplicación ideadas por las ciudades del Pacto con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las políticas preventivas nacionales y agilizar la vida en sociedad frente a una amenaza común puede convertir al proyecto en un socio legítimo del EIP-SCC.
Para asegurar la correcta coordinación entre Estados miembro en la creación de esta plataforma de difusión de información útil para el ciudadano, será de gran relevancia subrayar como crítica (y como base argumental del Pacto de Alcaldes) algunas de las conclusiones elaboradas en mayo de 2018 por el Tribunal de Cuentas. El informe publicado estudiaba las acciones puestas en marcha por los Estados miembro para contrarrestar el avance de la radicalización violenta en sus territorios. Entre las conclusiones de dicho informe hallamos alusiones a la falta de coordinación entre diferentes Estados, a saber: “La RSR podría producir más realizaciones prácticas, por ejemplo analizando prácticas en los Estados miembros (entre otras cosas mediante más visitas sobre el terreno) y elaborando un inventario comparativo detallado de los enfoques aplicados en cada Estado miembro”.
Esta conclusión, que recordaremos a lo largo del presente documento refiriéndonos a otros objetivos clave de este Pacto, sirve también para abordar la meta de la creación común de una plataforma capaz de servir de guía a los alcaldes firmantes de este compromiso.
En efecto, es imperativo que los ayuntamientos comprometidos con esta meta preventiva tengan en cuenta la recomendación que el Tribunal de Cuentas emitía en su informe y desplieguen esfuerzos medibles sobre sus respectivos territorios y de diversos ámbitos, para la posterior elaboración de unas bases de datos contextualizadas, (esto es, locales), pero que en todo momento deberán ser ideadas teniendo en cuenta que deben ser traducidas, comprendidas y extrapolables a otros países.
A través de este objetivo, los alcaldes firmantes se comprometen a impulsar pactos de colaboración entre los ayuntamientos y las asociaciones del municipio, específicamente diseñados desde una óptica preventiva. Se trata de crear una red de sub-pactos / sub- convenios dentro del mismo Pacto entre alcaldes, para asegurar un funcionamiento transversal de la estructura y facilitar la transmisión de conocimiento en la materia entre medios asociativos de diferentes municipios e incluso, entre asociaciones culturales de distintos países.
La meta primordial de este quinto compromiso no es otra que contribuir a velar por la paz social y el diálogo entre diferentes comunidades dentro de un mismo municipio. Se trata, pues, de anticipar la manipulación que de las acciones del Pacto tratarían de hacer los agentes radicalizadores en caso de existir en algunos de estos territorios.
El trabajo preventivo incluye sin duda la anticipación de la estrategia que podrían tomar quienes tengan por meta desacreditar la misión de los ayuntamientos en este Pacto. Esto es, como veremos en las siguientes páginas, entre las amenazas a tener en cuenta en este compromiso se encuentra la más que probable difusión de propaganda y manipulación a propósito de las acciones impulsadas por los Ayuntamientos firmantes; y esto, con la intención de contribuir a debilitar la sociedad desde sus tejidos más locales y dinamitar así la comprensión y la convivencia necesarias para construir un municipio (y por ende, a través de este Pacto, una Europa) resiliente e impermeable a esta amenaza.
Por ello, es imperativo prever este riesgo e instaurar entre los objetivos del Pacto un compromiso específicamente ideado para incluir en la tarea preventiva del Ayuntamiento a la comunidad musulmana de la ciudad en cuestión. Y esto, a través del compromiso de cada uno de los alcaldes firmantes a impulsar y asegurar un seguimiento y análisis de los resultados de las acciones de sensibilización a la radicalización violenta conjuntamente organizadas entre asociaciones, centros culturales, lugares de culto y el propio ayuntamiento.
Estas acciones deberán tener como target la juventud de la localidad y se recomienda que los centros educativos colaboren de forma directa con los responsables de las mismas para facilitar los espacios de debate que sean necesarios con la finalidad de aunar Educación, Sensibilización y Compromiso de la comunidad musulmana dentro de una misma iniciativa, todo ello bajo el paraguas del Pacto de Alcaldes.
El citado informe elaborado en mayo de 2018 por el High-Level Commission Expert Group On Radicalisation también sostiene esta visión inclusiva y colaborativa entre asociaciones e instituciones locales de distinta índole como vía preventiva y herramienta constitutiva de una sociedad resistente al discurso extremista. Entre sus recomendaciones recogidas en el apartado 2.5 Ideología y polarización, encontramos la siguiente conclusión dirigida a los Estados miembro (con el apoyo de la Comisión): “Exploren posibles acciones adicionales en lo que concierne a las relaciones con líderes religiosos, comunidades e instituciones, incluyendo la capacitación de líderes religiosos, el pluralismo y los diálogos relacionados con la fe, así como la financiación y el seguimiento de esta en las instituciones religiosas que difunden una ideología extremista de tinte islamista”.
Los educadores sociales y responsables de asociaciones en contacto directo con jóvenes de las ciudades firmantes también tienen un papel clave en el correcto desarrollo del Pacto. Los alcaldes se comprometerán, pues, a velar por la implicación de estas en un desarrollo de la identidad acorde con los valores democráticos, la tolerancia y el respeto de la dignidad humana.
Para argumentar la pertinencia de esta misión entre los alcaldes firmantes, nos haremos en esta ocasión eco de las Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros sobre el papel del sector de la juventud en un planteamiento integrado y transversal de la prevención de la radicalización violenta. Concretamente, haremos alusión a las recomendaciones que al respecto del refuerzo del sector de la juventud se hace en dichas conclusiones. El Consejo incita a los Estados miembro a impulsar la puesta en práctica de medidas que hagan posible un acompañamiento en la búsqueda de empleo del sector de la sociedad más vulnerable a los procesos de radicalización.
Este objetivo es clave para el conjunto del Pacto, puesto que la existencia de alternativas no violentas en el entorno de la juventud a la que tratamos de proteger de derivas extremistas constituye de por sí el principal pilar de prevención. Por este motivo, los ayuntamientos firmantes deberán tener en cuenta las conclusiones de trabajos como el recientemente citado, en el que se insta a los países de la Unión a desarrollar módulos de formación con los profesionales que se encuentren en contacto directo con los jóvenes.
La alimentación del debate implica contar con las herramientas necesarias para encauzarlo, y esto no es posible sin una formación previa destinada a profesionales en contacto con el público al que pretendemos transmitir valores basados en la tolerancia.
Los alcaldes firmantes deberán comprometerse a la creación conjunta de acciones que impliquen a las víctimas de terrorismo en primera línea de la batalla preventiva a nivel local. De este modo, las vivencias y el contradiscurso basado en el ejemplo de superación llegarán al ciudadano de primera mano, a través de la organización de talleres, la creación de un espacio de debate impulsado desde los ayuntamientos y actividades de diversa índole1 vinculadas a la difusión de estas historias.
Este Pacto entre Alcaldes debe alzarse como la columna vertebral de una política europea comprometida con las víctimas de terrorismo como protagonistas de una contranarrativa al discurso de odio. El compromiso de los firmantes a este respecto debe comprenderse como una aplicación de las recomendaciones en tantas ocasiones emitidas por las instituciones europeas.
Por ejemplo, en cumplimiento con las recomendaciones que la Comisión dirigió en enero de 2014 al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones a través de su comunicación Prevenir la radicalización hacia el terrorismo y el extremismo violento: una respuesta más firme de la UE.
En él se recogían recomendaciones específicamente pensadas para recordar a los Estados miembro el rol que las víctimas de terrorismo merecen en el diseño de una estrategia común de lucha contra la radicalización violenta. A través de esta comunicación, la Comisión mantenía su compromiso con la ayuda a las víctimas del terrorismo y se comprometía a continuar financiando proyectos que, como los citados en este apartado, permitirían a las victimas transmitir sus testimonios como una exteriorización de su duelo y como una materialización de sus vivencias en forma de contranarrativa.
Los alcaldes firmantes deben comprometerse a aplicar en sus ciudades estas recomendaciones a un nivel que, si bien puede parecer insignificante desde una perspectiva global, resulta ser una forma directa de llegar al ciudadano, utilizando sus espacios cotidianos y familiares, (su ciudad, cines, salas de exposiciones) para introducir en éstos un mensaje de contranarrativa basado en historias reales.
La presencia de víctimas de terrorismo de forma directa (en charlas o debates) o indirecta (a través de un ciclo de difusión cultural bajo esta temática) permite contextualizar la amenaza, situarla en el tiempo como un proceso que tiene un comienzo, desde los primeros signos de radicalización del individuo hasta las dificultades y la superación personal explicados por quien ha sufrido el impacto de un atentado terrorista como materialización última del extremismo violento.
Los alcaldes firmantes se comprometen a través de este objetivo a elaborar y transmitir al coordinador del Pacto una lista de personalidades locales capaces de transmitir una narrativa positiva de éxito en su trayectoria personal/profesional.
Estas figuras se alzarán como “padrinos” y “madrinas” de este compromiso europeo y se comprometerán a su vez a participar de forma activa en los programas educativos ideados por el ayuntamiento transmitir a los jóvenes a través de talleres y acciones de diversa índole motivación por la búsqueda de una identidad basada en metas profesionales e inquietudes intelectuales.
La finalidad de esta participación activa de figuras inspiradoras no es otra que la de ofrecer a los jóvenes de cada ciudad firmante la posibilidad de cuestionarse su futuro a través de metas, dejando menos cabida en la construcción de sus identidades a la incertidumbre, el miedo al fracaso o cuestionamientos fatalistas.
No es preciso que los ayuntamientos aborden este objetivo desde un punto de vista religioso y, de hecho, se recomienda que se evite este enfoque y evitar así que la contranarrativa se construya en torno a la destrucción de una idea. En esta ocasión, la contranarrativa estará formada por experiencias de éxito, trayectorias dignas de un espacio público de debate y diálogos abiertos en torno a las salidas profesionales, la diferentes maneras de abordar el paso a la edad adulta y las herramientas intelectuales necesarias para enfrentarse a dificultades de esta índole con un espíritu crítico y constructivo.
Analizaremos en este apartado las circunstancias internas de este compromiso que de un modo u otro pudieran impedir su correcta progresión al éxito en sus resultados. La necesidad de capital no supondría, como veremos en el apartado Fortalezas, impedimento alguno a la hora de encauzar los siete objetivos de este pacto. Sí podrían generar conflicto y en consecuencia, ralentizar u obstaculizar los acuerdos de base, algunos aspectos de carácter organizativo.
La coordinación de este Pacto transversal capaz de aunar en un mismo compromiso a gobiernos locales de diversos estados bajo el hilo conductor de la prevención de la radicalización violenta es, sin duda, la mayor dificultad a la que nos enfrentamos en la creación de este proyecto.
El nombramiento y atribución de misiones de un coordinador del Pacto podría convertirse en un elemento hostil a la hora de encauzar el correcto desarrollo del mismo. En efecto, alcaldes de diferentes ciudades y países deberían, con el sustento de la Comisión, proceder al nombramiento de un equipo multidisciplinar capaz de asegurar la recogida de datos necesaria para la puesta en marcha de los objetivos detallados.
Previa firma, cada Ayuntamiento deberá de realizar un estudio de sus posibilidades presupuestarias y comprometerse a implementar un nuevo departamento exclusivamente ideado para la realización y monitorización del Plan, o transmitir al Coordinador un compromiso en el que se detalle la distribución de los objetivos arriba mencionados entre departamentos ya existentes dentro de su Ayuntamiento.
Algunos de estos objetivos conllevan, pues, un compromiso previo a la firma y efectivo por parte de los alcaldes en lo relativo a la transparencia en el funcionamiento de sus municipios, así como un diálogo fluido entre estos representantes políticos y los responsables del medio asociativo, que sin duda deberán realizar un esfuerzo suplementario en la transmisión de sus planes de trabajo para facilitar la transmisión al Coordinador general de todas las informaciones que pudieran ser de utilidad para otras ciudades firmantes.
Los objetivos requieren un compromiso real de organización local como fase previa a la puesta a disposición del resto de alcaldes firmantes de los datos recogidos. Esto es, los ayuntamientos dispuestos a contribuir a la puesta en marcha de este pacto y su mantenimiento en el tiempo, deben de elaborar, previa firma, una lista de tareas de recogida de información relativas a su municipio y acorde a los datos que serán necesarios para el cumplimiento de los objetivos arriba relatados.
Esta tarea de recopilación de información encontrará la debilidad suplementaria que se detalla a continuación junto a los dos objetivos en los que podrían hallarse las dificultades.
Nombraremos a continuación las tareas locales de recogida de información previa a la puesta en común de experiencias entre municipios, para trasladar esta debilidad en el presente informe y subrayar así las etapas a las que se deberá prestar mayor atención para evitar que la ausencia de organización local impida el buen desarrollo del proyecto a escala internacional.
OBJETIVO NÚMERO 1 Y OBJETIVO NÚMERO 5: Reducir la cifra de individuos europeos radicalizados incentivando la prevención de la polarización desde el ámbito local / Crear convenios colaborativos con el medio asociativo en contacto directo con jóvenes e impulsar acciones comunes con la comunidad musulmana a través de una colaboración directa con los lugares de culto de cada ciudad firmante del Pacto.
Atendiendo a la necesidad de proteger el tejido social de las ciudades de eventuales discursos de odio dentro de centros de culto, (tal y como alertaba el HLCEG-R en su informe de mayo de 2018 abordando la necesidad de implicar a los Estados miembro en acciones en el contexto religioso) los Ayuntamientos firmantes deberán recabar individualmente toda la información relativa a las instituciones religiosas de su localidad, establecer un vínculo estrecho con sus líderes y proceder a la sensibilización de estos a futuras acciones de formación de líderes religiosos impulsada por el coordinador del Pacto de Alcaldes previo estudio de la situación y con el sustento de la Comisión.
La primera fase concierne la recogida de estos datos sobre la población y los organismos locales (sociología de la localidad donde se aplicarán los objetivos del Pacto), así como la puesta en marcha de un diálogo con los líderes responsables de estas instituciones religiosas.
La dificultad a la que los líderes locales se enfrentan en lo relativo a la constitución de información y la creación de vínculos de colaboración con instituciones religiosas de su municipio se convierte per sé una debilidad del proyecto. Está relacionada con la hostilidad que los poderes públicos despiertan en determinados sectores de la sociedad, y que a menudo se acrecenta a medida que el campo de acción se focaliza en emplazamientos locales. Cuando, dentro de una localidad, los planes de acción o medidas a adoptar (ej: en este caso, acercamiento y recogida de datos relativa al funcionamiento de un centro cultural o institución musulmana) el campo de trabajo no se halla únicamente localizado en un espacio más reducido, sino que sesga su actuación a una comunidad en concreto.
La debilidad reside en que esta fase del proyecto necesita del acercamiento de los poderes públicos a un colectivo a menudo estigmatizado por los acontecimientos que de forma u otra implican a su credo y a su forma de relacionarse con el resto de la sociedad. La predisposición de una comunidad religiosa a colaborar con una iniciativa que emana de una institución puede verse influenciada por el contexto.
Desde que diera comienzo la ola de atentados que golpearon Europa en 2015, los Estados miembro han experimentado un aumento de los actos anti-islam y una evolución en la percepción de los musulmanes dentro de la sociedad europea tal y como denuncia desde el año 2016 el European Islamophobia Report. Este cambio ha relegado sin duda a un sector de la sociedad a una postura defensiva que, tal y como explica este informe del EIR que incluye los análisis de 33 países para contextualizar las tendencias de esta problemática desde una óptica nacional (y a la vez global).
Por lo tanto, la desconfianza que este acercamiento puede generar entre los responsables de estas instituciones religiosas, así como la actitud que puede contribuir a crear en la comunidad a la que representan, tiene un vínculo directo con otro de los riesgos presentes en este informe, el relativo a la aparición de discursos de odio (AMENAZAS, páginas 28-29). Esta debilidad puede presentarse, de facto, como una consecuencia o posible daño colateral para el Pacto causado por dicha amenaza.
Los europeos de culto musulmán podrían interpretar este acercamiento por parte los poderes públicos hacia las instituciones religiosas como una lectura sesgada de la situación que les posiciona como peligros potenciales o ciudadanos de los que se espera una implicación mayor, o al menos diferente, a la del resto de individuos. Para comprender el origen de este sentimiento que podría estar al origen de dicha debilidad, podemos citar el Special Eurobarometer on Discrimination in the EU del año 2015 o el Pew Research Centre report on views about minorities, diversity and national identity in the EU. Ambos documentos alertan sobre la evolución del discurso anti-islam en Europa en los últimos años, y de la visión distorsionada que de estos ciudadanos se tiene desde que la violencia yihadista comenzara a atacar dentro de nuestras fronteras.
La hostilidad que esto despierta en la población de culto musulmán puede convertirse en una debilidad que no debe ser minimizada, puesto que el Pacto de Alcaldes necesita de la colaboración efectiva de todos los ciudadanos de las ciudades en las que se aplique, y en especial tiene por meta aplicar una recomendación defendida en innumerables ocasiones dentro de las instituciones europeas: la implicación directa, y en primera línea de batalla contra la radicalización, de los ciudadanos de culto musulmán, para lograr el doble efecto que protegerá el tejido social europeo: por una parte, la unión de los ciudadanos bajo un paraguas de tolerancia y pluralismo será un arma contra los discursos demagógicos en los que reposa la propaganda extremista.
Por otra, la participación activa de las instituciones religiosas y sus creyentes significará de facto la presencia de aliados eficaces dentro de un círculo de complejo acceso y la posible detección dentro de este ámbito de discursos contrarios a los valores democráticos.
El modo de operar para transformar esta debilidad en fortaleza será detallado en las conclusiones del presente informe y se aunará con la estrategia a adoptar para contrarrestar los efectos negativos de una de las amenazas del mismo: la percepción del proyecto por parte de los ciudadanos.
La complejidad en la medición de resultados de las prácticas que cada ayuntamiento ponga en marcha dentro del marco del Pacto de Alcaldes es sin duda la gran debilidad de este proyecto. En este sentido, existen tres factores que dificultan la tarea del Pacto a este nivel.
En primer lugar, la dificultad a la hora de acceder a informaciones de utilidad sobre las iniciativas de prevención ya existentes en Europa. La elaboración de informes anteriores en el marco AWARE aportó contexto a esta opacidad: la ausencia de comunicación oficial sobre la duración de un proyecto (especialmente si este ha sido impulsado desde asociaciones u organismos de carácter local) ralentiza el proceso de recogida de información y paraliza la elaboración de una base de datos global sobre experiencias locales y extrapolables a otros municipios.
En segundo lugar, la escasa transparencia sobre los planes de acción (elaboración de bocetos de carácter público que detallen la duración, los objetivos y la financiación que se dedica a estos proyectos).
Estas dos dificultades pueden resolverse con un esfuerzo suplementario desempeñado desde la exigencia de transparencia en cada organismo y cada asociación de los municipios firmantes, pero el tercer factor que entra en juego y que detallamos a continuación reposa en un límite impuesto por la naturaleza misma de la amenaza que nos concierne. Hacemos referencia a la imposibilidad de medir la eficacia de una medida preventiva cuando su éxito reposa en un no acontecimiento. Esto es, el Pacto de Alcaldes servirá sin duda alguna de marco de actuación para estructurar una visión común de la problemática e incentivar un debate continuo sobre las mejoras a realizar y los esfuerzos suplementarios.
El Pacto de Alcaldes servirá además como marco de observación de la correcta aplicación de los diferentes planes estratégicos a escala nacional de las ciudades firmantes. Esta tarea es, per se, de una gran utilidad para la seguridad del ciudadano y la perseverancia del cumplimiento de estos planes estratégicos. Sin embargo, y aunque siempre sea posible (solventando los obstáculos de transparencia arriba nombrados) recopilar, compartir y analizar todos estos datos sobre programas e iniciativas de los firmantes, lo cierto es que la prevención constituye un enfoque que, por su propia naturaleza, se basa en la anticipación de los riesgos para que las amenazas no lleguen a producirse. No obstante, determinar qué proyecto y en qué fase de este se ha logrado parar un proceso de radicalización no será posible.
Sí lo será la medición del éxito global si en la comparativa de datos de las ciudades firmantes se elabora un estado de la cuestión previa a la implementación del pacto (número de individuos radicalizados, número de redes activas, número de detenciones ligadas a este fenómeno…) con un mismo cuadro elaborado año a año. Obtendremos así la percepción de que la firma de este Pacto ha tenido un impacto en la reducción de la amenaza, pero será imposible conocer si este no-acontecimiento (ejemplo: la no radicalización de jóvenes en un municipio en el que este fenómeno contaba con cifras elevadas) proviene de la eficacia de uno, varios o ninguno de los proyectos ligados a los objetivos aquí marcados. En efecto, a la firma de este pacto y los esfuerzos a él ligados, debe de sumarse factores externos que sin duda tienen un impacto en la evolución (incluso en la desaparición momentánea de la amenaza), tales como el despliegue de una mayor vigilancia hacia los discursos de odio que Europa aplica hoy, y que puede llevar a un individuo de una de las ciudades miembro del Pacto a autocensurarse o entrar en la clandestinidad. El individuo en cuestión no será contabilizado como amenaza, ni como sujeto radicalizado, y no por ello la influencia y credibilidad de la ideología serán menores en él.
A medida que los emplazamientos en los que tratamos de aplicar un proyecto se reducen en espacio y población, los esfuerzos de los poderes políticos en lo relativo a la comunicación sobre el mismo deben acrecentarse para evitar un efecto contrario al deseado. Esto es, la puesta en marcha de un proyecto que emana de los poderes públicos puede convertirse en una de las principales amenazas a las que este Pacto de Alcaldes se enfrentará, y a la que sin duda deberá prestar la atención que merece: los objetivos detallados en el presente informe tienen a los ciudadanos de las localidades en las que se aplica como aliados reales del mismo, público al que se dirigen las actividades de sensibilización y planes de acción que puede convertirles en agentes potenciales de detección de irregularidades. Enmarcaremos esta amenaza, a modo de ejemplo, dentro de un caso concreto para visualizar el trabajo suplementario de comunicación y transmisión de confianza que todos los alcaldes firmantes deberán de comprometerse a llevar a cabo.
Si tomamos como paradigma el caso español y como herramienta de medición los datos de CIS de 2015 y 2016 respecto al nivel de confianza de los ciudadanos españoles hacia sus instituciones, detectamos que este factor supondría sin duda una amenaza para el buen funcionamiento de planes que requieran de la unión entre ambos sectores de la sociedad.
Tomando un listado de 17 instituciones/organismos sociales, las Fuerzas Armadas, las ONG y la Policía y la Guardia Civil son las únicas que logran pasar la criba de confianza de la población española. No sucede así con los poderes políticos, el Gobierno Central, el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo o el Parlamento.
No pasaremos por alto que los medios de comunicación tampoco cuentan con la confianza de los ciudadanos españoles, según el citado barómetro. Tampoco esta realidad se convierte en un punto a favor para la puesta en marcha de proyectos como el que nos concierne, puesto que los medios deben de convertirse en aliados capaces de comunicar los beneficios de la implicación directa de la sociedad en las actividades ideadas en este Pacto, y transmitir esa confianza que, en este ejemplo práctico, faltaría para asegurar el desarrollo óptimo del proyecto a escalas más locales del país.
Si este ejemplo práctico de España puede parecer fatalista para la puesta en marcha de este proyecto en ayuntamientos españoles y entrar por lo tanto a formar parte de las amenazas, veremos entre las fortalezas del proyecto que a una escala europea, la confianza hacia los gobiernos regionales sí es susceptible de convertirse en un factor aliado en la puesta en marcha del mismo.
Introduciremos como marco de esta amenaza del pacto un informe elaborado por Stéphane Lathion, investigador asociado del Departamento de Sociología de l Religión y Psicología (Western Sydney University).
Este trabajo puede servir de base para comprender los riesgos que pueden acarrear la puesta en marcha del Pacto de Alcaldes sin una correcta gestión de los mensajes transmitidos. Se recomienda, pues, que existan tanto un estudio como un consenso previos a la comunicación de los objetivos en cada uno de los municipios, independientemente del país en que se apliquen. Esto es, que los alcaldes firmantes tomen conciencia del impacto de las palabras y de las consecuencias en la paz social que el mal uso de las mismas puede causar.
Así, tratándose de un Pacto dirigido a paliar una problemática relacionada con la manipulación que captadores e ideólogos llevan a cabo tomando como base una religión en concreto, no es difícil comprender el efecto adverso que esto puede tener a dos niveles: el primero de ellos, en la estigmatización de la comunidad musulmana, en tanto en cuanto, tras la firma del Pacto, pueden percibir su libertad religiosa observada con recelo o desconfianza por sus propios conciudadanos.
En segundo lugar, el recrudecimiento de discursos de odio anti-islam, de extrema derecha, que aprovecharán la existencia de un acuerdo europeo de esta índole para expandir a la totalidad de los musulmanes como amenaza inminente, así como la falsa idea de que la cohabitación entre ciudadanos de culto musulmán y el resto de individuos es inviable.
Para impedir que esta amenaza se convierta en un obstáculo para la correcta realización del proyecto, se recomienda la lectura del citado informe, Lecciones de la islamofobia en Europa: las responsabilidades mutuas. Algunas de las conclusiones del autor de este trabajo pueden servir de guía para elaborar un boceto de mensajes a mantener presentes durante la puesta en marcha de los objetivos del Pacto relatados en este documento. En efecto, aunar esfuerzos para compartir éxitos y fracasos y aprender de los errores cometidos, también significa continuar escuchando a expertos en la materia provenientes de todas las disciplinas que de un modo u otro están relacionadas con la materia que nos concierne.
Así, rescataremos tres observaciones del autor del informe que pueden servir de columna vertebral a los firmantes de Pacto para anticipar esta amenaza.
Infravalorar la aparición de estos discursos de odio conlleva poner en peligro la protección del tejido social europeo, puesto que la negligencia o minimización de riesgos ante estos aspectos implica la permisión de la aparición de discursos igualmente contrarios a los valores democráticos.
La banalización de la violencia, la normalización del racismo y el impulso de ideas opuestas a la solidaridad y la tolerancia entre diferentes culturas serían son factores de riesgo capaces de dinamitar este y cualquier Pacto que necesite de la unión de los ciudadanos europeos para su correcto progreso.
Tomaremos como ejemplo, como hemos hecho en el apartado Debilidades, el caso español como paradigma de la confianza que el ciudadano deposita en sus instituciones.
Un factor de riesgo que sin duda debe de figurar entre las variables a manejar por los firmantes de Pacto. El Eurobarómetro puede ser una herramienta de medición de riesgo de este Pacto si antes de la puesta en marcha del mismo estudiamos, país por país, los resultados del apartado que este medidor arroja sobre la confianza que cada Estado miembro tiene en sus instituciones. Se recomienda que los alcaldes implicados en este compromiso contra la radicalización violenta estudien el grado de confianza o de hostilidad que a nivel nacional tienen sus ciudadanos en las políticas nacionales, en sus propias instituciones, y en las comunes europeas.
Si bien es cierto que el Eurobarómetro no se centra de forma específica en la percepción del ciudadano sobre las posiciones o decisiones europeas tomadas a propósito de la temática específica que nos concierne, los datos que arroja esta herramienta de medición de opinión sobre el apoyo de los ciudadanos a sus instituciones o el nivel de confianza que en ellas deposita son sin duda variables a estudiar por cada ayuntamiento firmante, con la finalidad de introducir este factor (de forma individualizada y en base a estos datos) entre variables dentro de las Fortalezas o variables dentro de las Amenazas.
El paradigma español puede servir para comprender el potencial del Pacto de Alcaldes, cuya credibilidad entre los líderes locales firmantes dentro de nuestras fronteras servirá de impulso y respaldará su puesta en marcha. Y esto, en base a los datos publicados por el Eurobarómetro apoyándonos desde una visión global al respaldo que aportan a las políticas europeas.
Los principales resultados respecto a España en este sentido muestran cómo los ciudadanos respaldan las políticas europeas de una forma considerablemente remarcable con respecto a la media europea. Podemos tomar como ejemplo el consenso de los españoles ante la necesidad de una posición europea en materia de migraciones y observaremos que según estos datos, 86% de los encuestados se muestra a favor de una política común sobre inmigración. Este porcentaje desciende a 69% a escala europea, pero sigue siendo positivo para el análisis del éxito de un Pacto Europeo de Alcaldes ante una problemática que, al igual que la relativa a la migración o al cambio climático directamente abordadas en dicha encuesta, requieren de un compromiso común y de un nivel de confianza aceptable por parte de la ciudadanía.
Destacaremos igualmente como fortaleza de cara a la implantación de un Pacto de Alcaldes en ciudades españolas los niveles de confianza en las instituciones que arroja el Eurobarómetro, asi como el sentimiento de pertenencia a una identidad europea. Ambos factores son variables sine qua non la perdurabilidad del Pacto que nos concierne no sería posible. Así, para los españoles, tanto la Unión Europea como Naciones Unidas (38% y 43% respectivamente) se consideran instituciones capaces de generar con sus acciones la confianza de los ciudadanos.
Siendo la radicalización violenta una amenaza dentro de la sociedad capaz de dinamitar la paz social, y habiendo subrayado entre los objetivos del Pacto en el presente documento la necesidad de mantener la tolerancia y el pluralismo como bases imprescindible de la vida en sociedad, llegamos a la identidad europea como variable a tener en cuenta. Esto es, será clave para la medición del éxito del pacto el sentimiento de pertenencia a Europa que muestren los ciudadanos de cada país que a través de sus ayuntamientos participen en este compromiso.
El Eurobarómetro también arroja datos sobre la posición española a este respecto: el 83% de los españoles se sienten ciudadanos de la Unión Europea, y el 66% de los encuestados dice sentirse identificado con la Unión Europea.
Esta identificación no es sino una materialización de una identidad común, que debe impulsar a las instituciones europeas a continuar incentivando proyectos como el presente Pacto de Alcaldes con la finalidad de explotar al máximo todos los factores que unen a los ciudadanos europeos ante las amenazas comunes que, como la radicalización violenta o la polarización de diversos sectores de sus sociedades, hoy hacen peligrar su seguridad.
La meta final de este Pacto ha de ser la voluntad común de construir una Europa resiliente, capaz de identificar los factores que pueden reproducirse de forma sistemática en diferentes puntos geográficos de Europa, y que producen un resultado similar: la radicalización de sus ciudadanos o la banalización del discurso violento como medio para lograr un fin. La confianza en las instituciones europeas y el sentimiento común de sus ciudadanos como parte de un todo son dos fortalezas con las que este Pacto cuenta para asegurar su éxito a largo plazo.
La puesta en marcha de acciones comunes entre diferentes ayuntamientos que tengan como premisa la implicación directa de sus dirigentes religiosos en la prevención de la radicalización violenta es uno de los puntos fuertes de este proyecto.
A través de la apertura del diálogo y el acercamiento entre los líderes políticos (a través de sus ayuntamientos) y los líderes religiosos en una voluntad común de paliar la consecuente lacra (materializada en radicalización, islamofobia, racismo, ignorancia) proveniente de los discursos propagandísticos, las ciudades europeas construyen resiliencias locales aplicables y extrapolables a posteriori a una escala global.
La existencia de un compromiso común que fomente la participación de estos dirigentes religiosos en una plataforma de debate constructivo y de comprensión común es una fortaleza en sí misma, en tanto en cuanto su mera existencia ya promueve una voluntad Europa de comprensión mutua entre comunidades y rechazo implacable de doctrinas contrarias a los valores de la Unión.
La firma de este Pacto entre Alcaldes, que conlleva este compromiso de unión y búsqueda de diálogo entre dirigentes políticos y representantes religiosos interconecta de forma innovadora a todas las ciudades firmantes en una voluntad común de búsqueda de entendimiento del otro, y esto no hace sino acrecentar la resiliencia de estas sociedades ante discursos manipuladores que sugieren la imposibilidad de convivencia entre diferentes culturas.
Dichos discursos, debemos recordar, se basan en una idea preconcebida que los líderes de estas comunidades tienen, como ciudadanos europeos, la responsabilidad de contraatacar a través de sus voces. Por este motivo, y como se ha especificado en los objetivos de este informe, la interconexión y la transmisión de experiencias entre los medios asociativos de las ciudades firmantes, especialmente si éstas pertenecen a diferentes países, aportará al Pacto la apertura de miras y el espacio de debate que necesita Europa ante una amenaza cambiante y hasta ahora percibida de maneras diferentes en función del sector de la sociedad.
Por este motivo, el primer paso que los Ayuntamientos deben de dar es el del consenso en la definición de la amenaza y en la voluntad real de implicar a todos los ciudadanos en la búsqueda de respuestas eficientes a la amenaza.
Debe de servir como modelo de inspiración de éxito el aplicado en el ámbito local en España. El primer Plan Transversal por la Convivencia y la Prevención de laRadicalización Violenta en la Ciudad de Málaga (2017- 2020) representa el espíritu que debe de extrapolarse en forma de pacto a los ayuntamientos europeos. Tanto la elaboración de sus objetivos como la comprensión del fenómeno en su globalidad (inclusión social, promoción de jóvenes, implementación del PEN-LCRV, gestión de la diversidad religiosa…), Málaga es hoy una ciudad pionera e innovadora en su aplicación de medidas contra la radicalización violenta.
Este modelo de éxito, en el que además figuran los indicadores de evaluación de cada una de las medidas que corresponden a campos de acción diversos, debe de servir como base desde la cual implantar un Pacto capaz de interconectar a las ciudades europeas bajo una visión similar a la lograda por la ciudad española.
De la misma manera que en territorio español el citado Plan Transversal constituye una compromiso local en la aplicación del Plan Estratégico Nacional contra la Radicalización Violenta (actualizado recientemente), la gran fortaleza del Pacto de Alcaldes europeos a este nivel significaría el compromiso común de los gobiernos europeos a adaptar un plan de acción común que aúne las medidas aprobadas en cada país a nivel nacional contra el terrorismo desde una óptica preventiva.
Dar comienzo a un proyecto de esta envergadura necesita de experiencias previas o modelos que inspiren, ya sea desde la óptica de la temática que nos concierne, o en la organización y mantenimiento institucional del mismo.
En lo que concierne al enfoque preventivo implantado dentro de un ayuntamiento y naturalizado como una meta más de la ciudad en cuestión, tenemos sin duda el ejemplo de la ciudad de Málaga y de su Plan Transversal. En lo relativo a la unión de diferentes localidades europeas comprometidas por una causa común subrayada por las políticas europeas, el compromiso de alcaldes europeos contra la radicalización violenta puede contar con el referente existente actualmente materializado en el Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía.
Estas fortalezas se transforman además en una serie de oportunidades de crecimiento de cada una de estas ciudades comprometidas con el Pacto. Individualmente, este compromiso aporta a los ayuntamientos firmantes la certeza del cumplimiento de la normativa europea y la seguridad de estar aplicando los planes de acción necesarios para tratar, uno a uno, los factores que de un modo u otro pueden favorecer la aparición de radicalismos en sus territorios.
Además, la posibilidad de compartir a través de este Pacto las experiencias de éxito locales con otros ayuntamientos europeos aporta a la UE el sentido mismo de su existencia y reduce las probabilidades de fracaso, en tanto en cuanto el Pacto en sí constituye un espacio de debate y análisis continuo de la amenaza en suelo europeo y de las distintas respuestas ante esta.
Independientemente de los beneficios recogidos en este documento en lo relativo a Europa, las oportunidades detalladas en las siguientes páginas han sido constituidas para subrayar ante los alcaldes europeos los logros colaterales que supondría esta firma en lo que a convivencia, seguridad y fomento de la integración se refiere dentro de sus ciudades.
A continuación, se detalla un listado de oportunidades y beneficios generales destinados a los Ayuntamientos como argumentos para la participación de cada uno de ellos en el compromiso defendido en estas páginas: adquirir los objetivos detallados en este informe como paquete integrado de medidas comunes del Pacto de Alcaldes por la prevención de la radicalización violenta.
Con su compromiso, los alcaldes firmantes permitirán:
– Incentivar en su municipio una política comprometida con la tolerancia y con la defensa de los valores democráticos
– Contribuir al mantenimiento de un tejido social capaz de resistir a las amenazas externas
– Beneficiarse de las experiencias de municipios vecinos y de otras localidades dentro de la Unión.
– Contribuir a la creación de una Europa consciente de su riqueza multicultural e incentivar la defensa de la tolerancia como principio de convivencia.
– Crear una red transversal de prevención contra las derivas extremistas, capaz de unir a diversas localidades europeas a través de una meta común.
– Mejorar la convivencia entre sus ciudadanos y con ello, su calidad de vida.
– Reforzar la colaboración entre instituciones políticas y dirigentes religiosos y con ello incentivar la implicación de la comunidad musulmana en la protección de su dogma, manipulado por la propaganda extremista.
– Contribuir al acercamiento entre instituciones y ciudadanos
– Contribuir a la transmisión de una cultura europea de la seguridad que emana de la propia ciudadanía y con ello, terminar con la hostilidad en ocasiones existente entre determinados sectores de la sociedad y las fuerzas de seguridad.
– Promover la participación y el intercambio de opiniones entre confesiones religiosas en pro de una convivencia basada en la comprensión del otro.
– Incluir a estas confesiones religiosas en la vida pública y dentro de la labor social de los ayuntamientos firmantes a través de la facilitación del acceso de éstas a convocatorias públicas de subvenciones de cada municipio.
– Participar en la creación innovadora de una plataforma web con su correspondiente aplicación que permita la recopilación de toda la información útil de la que podría tener necesidad el ciudadano: signos de radicalización, protocolo de actuación en función del ámbito en el que se vislumbran, contactos útiles personalizados en función de la localidad/país en el que se encuentre, experiencias de éxito de otros ayuntamientos participantes…
– Incentivar a través de personalidades inspiradoras un modelo de sociedad basado en el esfuerzo, la perseverancia y la búsqueda de oportunidades.
– Visibilizar, dar voz y transmitir conocimientos sobre minorías, en ocasiones silenciadas, en aras de una mayor comprensión entre ciudadanos de un mismo municipio.
– Contribuir de forma directa a la resolución de conflictos dentro de la ciudad que dirigen a través de la implantación de los objetivos del Pacto como materialización del PEN-LCRV de su propio gobierno nacional.
– Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las futuras generaciones, hoy adolescentes y post-adolescentes, a través de la organización de acciones en centros educativos en las que se transmitan valores de superación, tolerancia y discursos alternativos a la violencia.
– Anticipar problemáticas dentro del territorio local gracias a las experiencias compartidas de países de la Unión que a través de sus ayuntamientos hayan contribuido a aumentar esta red de alcaldes firmantes del Pacto.
– Enfocar con mayor precisión la financiación de futuros programas de inclusión, prevención, o actividades desarolladas en el marco del Pacto, gracias a los datos facilitados por otros ayuntamientos firmantes. Incentivando la transparencia a la hora de compartir estas informaciones, los alcaldes que deseen implantar en su municipio nuevas acciones de prevención contarán con una valiosa base de datos sobre los programas ya instaurados previamente en otras localidades europeas, así como una valoración de su eficacia a través de la comparativa entre dos factores clave: sus logros y su coste.
-Contribuir, gracias a implantación de este paquete integrado en el ámbito educacional de la ciudad, a la formación de futuras generaciones resilientes, capaces de interiorizar el análisis de la situación y la búsqueda de alternativas como respuesta a las futuras dificultades.
El presente plan de viabilidad ha sido hilado desde una óptica constructiva, con la voluntad de señalar las debilidades y las amenazas que a nivel sociodemográfico podrían obstaculizar el correcto desarrollo del Pacto de Alcaldes, y proponer un plan de ataque de las mismas, en el presente apartado, para transformarlas en oportunidades.
De este modo, al conjunto de fortalezas y el listado de oportunidades y beneficios para las ciudades firmantes presentes en este informe, los Ayuntamientos deberían añadir como compromisos las siguientes recomendaciones, ideadas para paliar los efectos negativos previa detección de los riesgos que este Plan podría presentar. El Pacto es, además de necesario para la seguridad de las sociedades que conforman Europa, innovador.
Si, en pro de una Europa resiliente y en el mantenimiento de sus valores democráticos dentro de sus escalas más locales, las ciudades firmantes se comprometen con el resto de ayuntamientos a trazar un plan que integre las recomendaciones siguientes ideadas para transformar las debilidades en fortalezas, (y a proponer nuevas adaptadas exclusivamente a sus emplazamientos) la viabilidad del presente proyecto será óptima.
DEBILIDAD: 1. ORGANIZACIÓN RECOMENDACIONES:
Se sugiere a los Ayuntamientos que se lleve a cabo previa firma del Pacto un compromiso en la elaboración de un plan local de organización, en el que se detalle el departamento del mismo que estará a cargo de la monitorización de las actividades.
Del mismo modo, deberá de asignarse un responsable dentro de cada institución local capaz de asegurar una tarea de traducción mensual de los avances de los objetivos fijados en la firma del pacto. Esto requiere la presencia de entre una y dos personas dentro de cada Ayuntamiento firmante, dedicadas al seguimiento de la implantación del Pacto en sus distintos departamentos, y al filtro y transmisión interna de los datos de interés que llegarán a través del Coordinador general del proyecto. (El plazo estimado de estudio, coordinación y envío de informaciones útiles a ayuntamientos por parte de esta figura puede estimarse en: una vez cada dos meses).
En lo relativo a la gestión legislativa del Pacto y el establecimiento de los criterios en el nombramiento de un Coordinador general del proyecto que aúne todas estas prácticas, además de la búsqueda de apoyo en socios legítimos y la búsqueda de financiación4 en socios europeos vinculados directamente con la materia que nos concierne, se recomienda la intervención del Comité Europeo de las Regiones, lo cual permitirá instaurar dentro de la Unión Europea las voces de los firmantes, asumir un seguimiento institucional del proyecto e incluir a estos actores dentro del debate legislativo sobre la implementación de medidas contra el terrorismo y radicalización violenta.
También se recomienda que la inspiración en el planteamiento estructural provenga de Pactos ya existentes en otras materias, pero de similares necesidades de coordinación, como el ya nombrado Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía. La organización local de cada Ayuntamiento variará en función de sus presupuestos. Podemos tomar como primera opción de gestión administrativa el ejemplo el Plan Transversal por la Convivencia y la Prevención implantado en Málaga para observar las posibilidades de creación de una Oficina específica, ideada para la Promoción de la Convivencia y el Pluralismo.
Una segunda opción, menos costosa puesto que explotaría recursos ya existentes y por lo tanto, al alcance de todos los ayuntamientos, sería el nombramiento y distribución dentro de su personal ya activo de las tareas en función de la naturaleza de las mismas. Así pues, y citando un paradigma cercano, si no se optara por la creación de una célula específica, en un ayuntamiento como el de Madrid, los objetivos del Pacto detallados en este informe podrían distribuirse de la siguiente manera entre departamentos ya existentes:
Emergencias y Seguridad
1. Reducir la cifra de individuos radicalizados incentivando la prevención de la polarización desde el ámbito local
4. Incentivar el uso de una tecnología común ideada para poner en práctica la detección de rasgos de radicalización y facilitar al usuario un protocolo de actuación adaptado en función de su localización y de las políticas preventivas instauradas en su región.
Educación y empleo
2. Contribuir al mantenimiento de la paz social formando a agentes en primera línea de contacto con población joven
7. Inspirar a través del éxito
4 Puede servir como ejemplo a destacar la financiación que el Fondo Social Europeo lleva a cabo desde 2014 en lo relativo a planes y proyectos a escala local. Tal y como se confirma en esta Comunicación de la Comisión con fecha de 2016 y relativa al Apoyo a la prevención de la radicalización que conduce al extremismo violento, el Fondo Social Europeo también está destinando 25.600 millones de euros en la promoción de la inclusión social de los grupos más vulnerables a través de programas de formación (Objetivos 1 y 2 del presente Pacto)
Servicios sociales y salud
5. Crear convenios colaborativos con el medio asociativo en
contacto directo con jóvenes e impulsar acciones comunes con la comunidad musulmana a través de una colaboración directa con los lugares de culto de cada ciudad firmante del Pacto.
Cultura, Ocio y Deporte
6. Contribuir al posicionamiento local de las víctimas de terrorismo
como agentes de sensibilización
El objetivo número 3, Compartir experiencias y resultados y crear acciones conjuntas entre Ayuntamientos firmantes, sería la tarea última del coordinador del Pacto nombrado dentro de cada institución local. En él reposarían las tareas de recopilación de las acciones llevadas a cabo, así como la medición de resultados, traducción de los mismos y transmisión al Coordinador general del Pacto.
DEBILIDAD: 2. POSIBLE HOSTILIDAD ENTRE PODERES PÚBLICOS COMUNIDADES RELIGIOSAS
AMENAZA:1. PERCEPCIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE CIUDADANOS ESCÉPTICOS
2. APARICIÓN DE DISCURSOS DE ODIO E ISLAMOFOBIA
RECOMENDACIONES:
Hemos aunado en este mismo apartado una debildad y dos amenazas del mismo ámbito, puesto que la respuesta a estos tres factores de riesgo debe de abordarse desde una misma óptica y retroalimentar así las posibilidades de éxito.
Así, proponemos que la aportación de los medios de comunicación a este Pacto de Alcaldes se haga desde una óptica de resolución de conflictos. Esto es, convirtiendo a los medios locales en aliados en esta tarea: convertir tres factores que podrían poner en peligro la perdurabilidad del Pacto en tres oportunidades de inclusión y comunicación entre diversos sectores de la sociedad.
De esta manera, los medios de comunicación tendrían una labor innegable en el correcto desarrollo de este proyecto, y los Ayuntamientos podrían paliar gracias a su capacidad de difusión una debilidad y dos amenazas directamente relacionadas con la convivencia y la paz social de su municipio.
Se insta así a los alcaldes firmantes a realizar un compromiso previo a la firma del Pacto con los medios de comunicación de su localidad con la finalidad de establecer un vínculo de cooperación para la promoción de una estrategia mediática acorde a los valores democráticos y al respeto del pluralismo.
El plan para convertir estas debilidades y amenazas en oportunidades de éxito no es otro que el de establecer, ayuntamiento por ayuntamiento, un listado de acciones de comunicación destinadas a abrir un debate con los medios locales. Este debate debe de ir destinado a conseguir el máximo apoyo por parte de estos en la transmisión de los principios de este Pacto (aportar visibilidad al mismo a través de entrevistas, informar sobre la existencia de programas de formación destinados a sensibilizar ante los riesgos de radicalización, dar voz en sus espacios a víctimas de terrorismo tal y como se detalla en el objetivo 6 del presente informe…)
Cada Ayuntamiento organizará individualmente el plan de colaboración con los medios de su localidad, en una demostración de compromiso por paliar las amenazas y multiplicar las posibilidades de éxito gracias a la cobertura mediática de la existencia del pacto.
También serán los medios, con el impulso del Ayuntamiento y a través de este mismo compromiso, los responsables de impulsar un despliegue de acciones para paliar la posible aparición de discursos de odio e islamofobia. Esto será posible visibilizando el pluralismo a través de reportajes, entrevistas y debates en torno a la convivencia entre diversos sectores de la sociedad.
Se recomienda en este aspecto informar sobre este Pacto con un lenguaje positivo, y una semántica escogida para comunicar pedagógicamente sobre el respeto al otro y los beneficios del pluralismo. Este lenguaje deberá haber sido previamente estudiado para prevenir la posible comprensión hostil del proyecto y un mal entendimiento de sus metas.
Esta tarea corresponderá a cada Ayuntamiento. No obstante, en el listado siguiente se especifican tres recomendaciones en cuanto a las medidas que podrían servir de guía para elaborar este boceto de colaboración entre los poderes públicos y los medios de comunicación locales para transformar los factores de riesgo en oportunidades de éxito:
-Establecer una semántica positiva en torno a la cuestión y llegar al consenso de su utilización con los responsables de los medios que decidan colaborar en esta tarea.
-Crear un protocolo de actuación que respete la semántica previamente definida, a la hora de cubrir eventos y sucesos acontecidos en la ciudad y relacionados con comunidades religiosas.
-Crear un libro de estilo acompañado de un taller de formación que sirva de sensibilización sobre la temática de la radicalización violenta destinada a los profesionales de la información de la ciudad en cuestión.
DEBILIDAD: 3. MEDICIÓN DE RESULTADOS RECOMENDACIONES:
Tal y como se ha señalado en este apartado, se considera una debilidad para la progresión del proyecto la dificultad a la hora de medir la eficacia de las medidas preventivas, puesto que su éxito reposa en un no acontecimiento. Esto es, en la no radicalización de un individuo o, llevado a su última materialización, en la ausencia de un ataque terrorista.
Por ello, proponemos que los Ayuntamientos firmantes elaboren previa firma un listado de criterios de medición que prevean esta debilidad. Para ello, la recomendación está basada en la inversión de los criterios de medición de éxito. Esto es, basar estas variables de medición en un estudio que mida cuándo una práctica puede considerarse un fracaso.
Las ciudades comprometidas con este Pacto pueden establecer criterios de medición de eficacia, teniendo en cuenta que estos siempre supondrán una estimación de éxito de las actividades o acciones, y no del efecto que están produciendo en la prevención de un proceso de radicalización. Esto es, tomando como referencia el Plan Transversal por la Convivencia y la Prevención de la Radicalización Violenta en la Ciudad de Málaga, observamos que los indicadores de evaluación pueden arrojar datos de gran interés para el futuro estudio de la rentabilidad o la utilidad de estas medidas.
No obstante, se profundiza siempre en factores como la asistencia a los actos organizados, el número de convenios de colaboración establecidos entre asociaciones y poderes públicos, el número de llamadas recibidas alertando de un proceso de radicalización, el número de cursos de sensibilización organizados en centros educativos… Criterios que permiten establecer un primer contacto con la medición del éxito del proyecto, pero no arrojar datos empíricos sobre la forma en que estas actividades han frenado un acontecimiento.
Por ello, recomendamos seguir el ejemplo del citado plan de la Ciudad de Málaga y añadir, además, nuevos criterios que permitan saber cuándo una práctica puede considerarse un fracaso para el Pacto. Estos deberían estar basados en la posible aparición de factores de riesgo causada por la aplicación de una acción.
Ejemplo: si en una localidad se registran sucesos de tinte racista o islamófobo en respuesta a la puesta en marcha de una campaña publicitaria o una acción común entre poderes públicos e instituciones religiosas, la aparición de esta amenaza deberá ser estudiada y la acción deberá adaptarse a este acontecimiento. No se trataría en este ejemplo, en ningún caso, de ceder a la coacción de la violencia de la extrema derecha, sino de anotar este factor como posible riesgo a tener en cuenta por futuras ciudades que lo pongan en práctica. A nivel interno, se tratará de estudiar el modo de continuar llevándolo a cabo a pesar de esta presión y, de forma prioritaria, idear un plan de intervención local para paliar la aparición de discursos de odio (subrayado como Amenaza número 3 en el presente informe).